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Avalanchas sin aval

El Norte / Editoriales / Opinión

Por Jorge Longoria

Dos colaboraciones de un servidor publicadas en este mismo espacio, una el 30 de septiembre y otra el 7 de octubre, ambas en el año de 1988, tituladas “Monterrey, Ciudad aún vulnerable” y “Responsabilidad o culpabilidad” respectivamente, y ambas como consecuencia del remanente del Huracán Gilberto, narran, la primera de ellas, la devastación material y humana causada por la creciente del Río Santa Catarina y la segunda sobre las consecuencias de haber edificado un edificio de departamentos sobre un cauce pluvial, (desapercibido en su momento) y que desestabilizó los cimientos de un edificio en la Colonia Balcones del Valle, provocando su colapso (y con ello la lamentable pérdida de vidas humanas).

Ambos casos son un claro ejemplo de lo que se hizo mal o desatendió tiempo atrás.

Así, lo que debió haber sido un parteaguas en la planeación urbana y prevención de riesgos, 15 años después y en el inicio de un nuevo siglo, tal parece que no ha sido suficiente la lección como para aprender de ella o entender una historia que ya es cíclica.

Nuevas historias

Después del Gilberto en 1988, nuevas historias se han escrito y padecido por la población en general que sin distingo de clases sociales es afectada gravemente en su patrimonio. Ejemplos casi recurrentes en cada chubasco: el que las aguas bravas de las montañas reclamen la liberación de su “derecho de paso” convirtiendo calles en auténticos ríos y llevándose en su torrente vehículos como si fueran barquillos de papel, o bien que arrasen con asentamientos irregulares y viviendas precarias.

De los ejemplos más recientes sobresalen por su devastación la tromba del Huracán “Keith” en octubre del 2001; el sorprendente e inusual chubasco de julio del 2002, y el que hace un año rocas gigantescas se impactaran sobre residencias.

Y ahora, en este septiembre del 2003, que intensas e intermitentes lluvias arrojen consecuencias desde el colapso de unpuente peatonal hasta deslaves en la Loma Larga y en la Sierra de las Mitras, concretamente en el Fraccionamiento Las Lajas.

Pero más grave aún lo que sucede en las comunidades enteras de al menos cinco municipios del sur, en donde los riachuelos resurgen, desbordándose y con ello arrasando frágiles vados, incomunicando y manteniendo en precarias condiciones de supervivencia a más de 740 familias en al menos 24 ejidos. (EL NORTE/Local, Pág. 8B, 25 de septiembre del 2003)

Deslinde consultado

Ante todo esto, lo único que se ha adaptado, reformado o surgido han sido los reglamentos, eso sí, cada vez mas “estrictos” en un aparente esfuerzo por deslindar responsabilidades… pero de la autoridad en turno.

Como si fuera una doctrina o decálogo heredado, la primera reacción de la autoridad en turno siempre es la de deslindarse del caso, pues lo que cuenta es la época de la autorización original, no la responsabilidad de quien participó o debió advertir.

Ante esto, lo que surge son sólo cuestionamientos, pues de qué sirve tanta tramitología y tanto tiempo para “aprobar” tantos estudios de impacto ambiental, vial, estructural, mecánica de suelos, perito responsable, proyectistas arquitectónicos, de instalaciones eléctricas, pluviales, sanitarias, etcétera, cuando de todo ello no se sabe quién es quien.

¿Con el aval de…?

Sigue pues prevaleciendo la incertidumbre, lo laxo, lo contranatural, lo ambiguo, lo discrecional y la irresponsabilidad, ¡vaya!, hasta la figura proteccionista de quien a toda costa desea imponer el interés económico por sobre el interés social a través de tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Ahora no queda duda de que la razón es para el que desarrolla afectando a terceros, no para los afectados por el “desarrollo”, y todo gracias a los “derechos adquiridos” en la equis reforma del equis plan surgido, eso sí, de la equis “consulta ciudadana”, sin importar los tiempos o las formas, todo es validado bajo la sombra de la flamante y atirantada Ley de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, promulgada en 1999 por la actual y agonizante administración estatal.

Por ello, sorprende notablemente la declaración del Alcalde electo Ricardo Canavati al ofrecer que en su administración le pondrá nombre y apellido a los problemas para fincar responsabilidad a los culpables (EL NORTE/ Local, 25 de septiembre, del 2003), nada más que eso es lo que los ciudadanos esperan.

¿Con la responsabilidad de…?

Mientras aparecen los responsables “solidarios”, valdría la pena voltear a ver la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León en su Artículo 50, que señala: “Todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando, sin constituir delito, incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones”.

En su fracción LXI, los obliga a: “Observar, en las funciones encomendadas de seguridad pública, tránsito, procuración y administración de justicia, la eficaz prestación de auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o a las que hayan sido víctimas de algún delito; así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación deberá ser congruente, oportuna y proporcional al hecho”.

Así que los afectados tienen la palabra.

Tarea legislativa

Si bien es cierto que el Artículo 92 de dicha Ley señala que: “Los planes parciales de desarrollo urbano podrán precisar, complementar, y aplicar a mayor detalle los planes o programas municipales…”, no se puede dejar este vacío de interpretación y medición del riesgo al esperar que en sus propios planes y reglamentos promulguen sus propias acepciones, percepciones o normatividades con respecto a la montaña o a la continuidad de la obra pública en el estado, llámese drenaje pluvial, puentes o carreteras.

También es cierto que mientras en el Municipio de San Pedro tienen su propio Reglamento Sobre Usos de Suelo y Construcción en la Zona de Montaña, éste es letra muerta ante “los derechos adquiridos”, pues en su Artículo 16 señala que “los lotes de los fraccionamientos habitacionales ubicados por encima de la cota 800 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Madre Oriental y autorizados con anterioridad a la aprobación de este Reglamento tendrán el carácter de unifamiliares e indivisibles”.

En contrapartida, en Monterrey promueven la intensificación de la construcción en “laderas” (léase montaña), al fomentar un nuevo reglamento, concretamente para el Plan de Desarrollo Urbano del Cañón del Huajuco, con una nueva categoría, “Habitacional Multifamiliar de Ladera”, así surgen desde ya “derechos adquiridos” por quien se acoja a esta nueva disposición.

Como lo suficiente nunca es bastante, es importante que la actual Legislatura le ponga atención a la Ley de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, pues en ninguno de sus artículos hace referencia a las disposiciones legales o reglamentarias para la construcción en montaña o laderas o para la continuidad de la obra publica y su instrumentación y si lo que se busca es homologar criterios metropolitanos, ahí hay algo qué hacer.

Actitudes contrastantes

Mención aparte y digno de destacar es la heroica y sordeada labor de la Dirección de Protección Civil Estatal, comandada por Jorge Camacho, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que se le ve su dedicación y empeño para sobreponerse ante la tragedia sobre todo cuando tiene que encogerse de hombros ante la abrumadora y titánica labor de luchar contra corriente, no sólo ante los riesgos naturales, sino ante la falta de eco, al ser sólo un grito en el desierto sus advertencias de las zonas de alto riesgo.

Inevitable es el contraste con la actitud del Secretario de Desarrollo Urbano y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO (énfasis mío con mayúsculas), Óscar Bulnes Valero, quien se placea con su casco e impermeable en su monumento atirantado a la ignominia, con una arrogante y descarnada actitud ante la proximidad de la inauguración de su multimillonaria obra, recursos que bien pudo haber destinado a transformar decenas de vados en puentes para que hoy no quedaran incomunicadas comunidades enteras.

Mientras todo mundo se pone de acuerdo y se deslindan responsabilidades y el tiempo se encarga de ponderar actitudes y hechos, las avalanchas seguirán su inexorable deslizamiento sin necesidad de aval de ninguna ley u ordenamiento, mas que lo que le dicte su propia naturaleza.

 

El autor es experto en urbanismo.

 

About Jorge Longoria

Analista Urbano y experto en Planeación Estratégica de Ciudad. Su experiencia en el ámbito urbano datan desde 1981 y se desempeña como Analista, Planificador y Consultor Urbano, además de dictar Conferencias en diversos Foros y agrupaciones profesionales. estudiantiles y organizaciones ciudadanas. Twitter: @JorgeLongoria

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